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No se cuestionan los resultados de la Consulta, pero s铆 llama la atenci贸n que,聽聽 quienes probablemente asesoraron en la formulaci贸n de la Pregunta de la Consulta, probablemente no conoc铆an las complejidades que exhibe una reforma integral de la Funci贸n Judicial y por tanto, de la administraci贸n de justicia en el Pa铆s.
El acudir a declarar el Estado de Excepci贸n,聽 de conformidad con los conceptos que pueden sustentar una declaratoria de esta naturaleza normados en la Constituci贸n de la Rep煤blica en vigencia, no se compadecen con las situaciones contempladas en el Art. 164 de la carta fundamental, que al efecto prev茅:聽聽 鈥淟a Presidenta o Presidente de la Rep煤blica podr谩 decretar el estado de excepci贸n en todo el territorio nacional o en parte de 茅l en caso de agresi贸n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci贸n interna, calamidad p煤blica o desastre natural. La declaraci贸n del estado de excepci贸n no interrumpir谩 las actividades de las funciones del Estado.鈥
El art铆culo contin煤a expresando, 鈥淓l estado de excepci贸n observar谩 los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepci贸n contendr谩 la determinaci贸n de la causal y su motivaci贸n, el 谩mbito territorial de aplicaci贸n, el periodo de duraci贸n, las medidas que deber谩n aplicarse, los derechos que podr谩n suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constituci贸n y a los tratados internacionales.鈥
No se encuentra que,聽 por m谩s que la administraci贸n de justicia est茅 en condiciones lamentables, existan casos aplicables probables derivados del mencionado art铆culo, como grave conmoci贸n interna o calamidad p煤blica.
Tampoco se puede identificar聽 que exista, entre el objetivo planteado por los resultados de la Pregunta Cuatro de la Consulta Popular, con lo establecido por el Decreto, la proporcionalidad con la medida adoptada,聽 de declarar Estado de Excepci贸n para conseguir la reforma de la administraci贸n de justicia en el Ecuador.
Por otro lado, no se alcanza a entender el alcance completo del Art. 2 del Decreto en cuesti贸n, cuando se menciona 鈥淒eclarara la movilizaci贸n nacional especialmente de todo el personal de la funci贸n Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral a los habitantes del Ecuador鈥.
驴Constituye esa disposici贸n un concepto de movilizaci贸n de jueces, tribunales y operadores de la justicia de un lado al otro?, 驴cambios de domicilio?, 驴de actividad?.聽 La decisi贸n de convocar a trabajo extraordinarios los s谩bados o modificar el horario de la Funci贸n Judicial, no justifica la declaraci贸n analizada.
El objeto que se persigue con la declaratoria de Estado de Excepci贸n a efectos de, como se menciona en los considerandos, de que el servicio al p煤blico en materia de administraci贸n de justicia, requiere innovaci贸n tecnol贸gica de 煤ltima generaci贸n, digitalizaci贸n de sus archivos, implementaci贸n de personal capacitado, infraestructura f铆sica acorde con los servicios que presta, entre otros bienes y recursos, constituye un objetivo deseable que hubiera sido razonable conseguirlo de conformidad con lo que las leyes aplicadas en forma no excepcional, permiten en la materia.
Los mecanismos previstos para la reforma a la Funci贸n Judicial, derivados de los resultados de la Consulta Popular fueron materia de extensos debates. De hecho, se alzaron voces, especialmente de juristas connotados y conocedores de la materia,聽 alrededor de lo que se considera como la intromisi贸n de una funci贸n en otra, transponiendo la separaci贸n de poderes y funciones consagrada en la Constituci贸n.
No obstante, con los resultados obtenidos, m谩s all谩 de las discusiones que se plantearon acerca de las preguntas y de los mecanismos consultados en referencia a la reforma a la administraci贸n de justicia; ahora se plantea la necesidad de que en este tema, tan controvertido para la sociedad, cuyo que fondo del problema m谩s grave sigue constituyendo la politizaci贸n en la funci贸n judicial; se requiere que los procedimientos que se adopten sean realmente n铆tidos, transparentes, cuidadosos, respetuosos de los derechos y sujetos a cualquier escrutinio.
Los procesos de modernizaci贸n y contrataci贸n deben observar la normativa aplicable, que en gran parte es nueva y que ha sido impulsada por el actual Gobierno. Debe buscarse que todos los procesos, incluyendo los tecnol贸gicos, administrativos y de mejora del talento humano para proporcionar mejores servicios de administraci贸n de justicia a la ciudadan铆a, sean llevados a cabo con la delicadeza que el tema plantea, siempre en el marco de la ley, e impidiendo atajos que puedan perjudicar los objetivo superior que se busca.
El Colegio como principio, est谩 con la reforma de la administraci贸n de justicia, pero no por ello, como ha sido su forma de proceder a lo largo de d茅cadas, se puede abstener de hacer observaciones sobre decisiones y mecanismos que no se consideran consistentes adecuadas con las metas del proceso.

 

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