Lunes 29 de enero de 2018

 

Que el ejercicio de la abogacía es sin duda uno de los sectores más afectados por el vendaval correísta creo que no habrá quién lo niegue. Recordemos que esta profesión requiere de independencia judicial para poder desarrollarse adecuadamente y que es en esta área donde se ha visto, de forma más clara, el autoritarismo del anterior gobierno. Comenzaron con mandatos constituyentes, en los cuales se prohibió de forma expresa la aplicación de garantías jurisdiccionales de derechos para casos específicos, amenazas veladas y luego totalmente desvergonzadas a los jueces que se atrevían a contradecir la voluntad del poder, descalificación de juzgadores en las sabatinas y finalmente, la famosa metida de mano en la justicia que desembocó en un Consejo de la Judicatura de transición, de vergüenza y, posteriormente, en el nombramiento del actual, que por cierto, no es mucho mejor.

El sistema legal sufrió cambios importantes, algunos positivos y otros no tanto, al punto que un abogado que estudió su carrera antes de la década del dos mil, debe reconocer que más del 70% de lo que aprendió en la facultad de derecho no existe más. Desde la Constitución de la República hasta el Código Orgánico General de Procesos, pasando por el Código Orgánico Integral Penal. La voluntad de actualizar las normas legales debe saludarse, aunque en ocasiones el resultado, como en el caso del COIP, no fue exactamente un éxito.

Se montaron en diferentes instituciones oficinas encargadas, nada más ni nada menos, que de extorsionar a los jueces. Así como se oye. Funcionarios que se prestaron para la miserable tarea de amedrentar a los juzgadores en los casos específicos en los que tenía interés el poder o alguno de sus miembros, porque no solo se protegieron las decisiones políticas del régimen por esta vía, sino que también se desaparecieron deudas, se apropiaron de bienes e hicieron cuanto estuvo al alcance de una mafia que gobernó a la Función Judicial y que todavía mantiene varios de sus tentáculos en esta.

Las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales prácticamente desaparecieron en el país desde el 2010 por diferentes vías, principalmente la amenaza a los jueces que las conocían y, por supuesto, la más efectiva, la aplicación de medidas sancionatorias a aquellos que no cumplían las órdenes que provenían del Gobierno, pero que eran transmitidas por los funcionarios del Consejo de la Judicatura, que ahora tratan de poner cara de pendejos y miran a otro lado cuando se les recuerda que se puede ser funcionario judicial y tener corazón de rata a la vez.

Los defensores de derechos humanos fuimos, sin dudar, los que llevamos la peor parte. Los ataques eran de la índole más diversa. Desde la llamadita con insultos, hasta la amenaza específica contra vida e integridad propia y de los cercanos. Peor aún, la descalificación desde la sabatina o el enlace ciudadano, en las que Correa no ahorraba epítetos para con quienes osábamos defender a aquellos a quienes había decidido atacar. “Abogaduchos” o “seudopenalistas” eran dos de los insultos predilectos del expresidente. Yo mismo fui halagado varias veces con estos epítetos cuando defendí a los 10 de Luluncoto, Bonil o Fernando Villavicencio, entre otros muchos.

Incluso los gremios de abogados sufrieron el ataque directo del poder gubernamental. Recuérdese el allanamiento a las oficinas del Colegio de Abogados de Pichincha e incautación de equipos informáticos, dentro de una investigación previa que desembocó varios años después en una decisión confirmatoria de inocencia. Todavía está fresco el recuerdo de las últimas elecciones gremiales, en las que presentaron una lista de allegados y se dieron el lujo de llevar a los funcionarios de gobierno en busetas y camionetas, al mejor estilo de quien transporta un rebaño. Los profesionales del derecho les dieron una paliza épica y la lista ganadora prácticamente duplicó en número de votos a la del Gobierno.

Los ataques eran diarios y sistemáticos, y lo que más preocupa es que algunos no han cesado. La dinámica de persecución y control pervive aún en algunas organizaciones y funcionarios. Así, la emisión de “normas de control para la calificación y supervisión de servicios auxiliares que presten servicios a las entidades de los sectores financieros públicos y privados” se inscribe en este esquema de manera clara. En el caso de los abogados que prestan servicios legales externos y de cobranzas para dichas entidades, esta inclusión es simplemente una prohibición para trabajar. Primero, porque se exige que sean sociedades las que presten los servicios auxiliares, con lo que se deja a los abogados que ejercen individualmente, totalmente fuera del esquema. Por otro lado, las compañías que presenten servicios legales, que son de naturaleza totalmente diferente de la de los servicios financieros, deberán sujetarse a la calificación de la Superintendencia de Bancos, con lo cual se pondría otro obstáculo más al ejercicio del derecho en el país. En fin, los ataques al derecho y a quienes lo defendemos, continúan. (O)

Fuente: Diario EL UNIVERSO, siga el enlace

 

 

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